Determinación de prioridades.

En Colombia no hay leyes que regulen propiamente la utilización del software libre, sólo políticas y acuerdos. No hay nada claro establecido respecto a la regulación del mercado de los productos tecnológicos que ingresan al país; es primordial establecer normas claras y concisas que ayuden a la expansión y reconocimiento del software libre.

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Los gobiernos y demás instituciones deberían replantarse la aplicación sobre las políticas públicas de acceso a la tecnología y uso de las TIC, con el objetivo de que estas se implementen más en pueblos o en ciudades pequeñas, ya que el cambio solo se ha reflejado en ciudades grandes. Esto se debe a que el gobierno no le ha apostado a regiones pequeñas, las cuales cada vez se quedan atrás. Por ende, la brecha tecnológica se hace más grande. 

Las innovaciones tecnológicas, en este caso el software libre, cambian en gran medida la manera de trabajar de millones de personas; tal vez como se decía inicialmente, el cómo afectará es impredecible. Por ende, es prioritario que se haga un seguimiento para evitar un caos tecnológico, que se desborde la información y el manejo de los recursos. 

El uso y los beneficios que puedan traer la tecnología como el software libre, debe estar acompañado de una investigación minuciosa por parte del fabricante, quien inicialmente tiene el dominio, teniendo en cuenta los efectos secundarios que puede traer a futuro la distribución y libre manipulación de cada nueva herramienta. 

Normas y control sobre el mercado de productos tecnológicos:

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Es fundamental priorizar la implementación de nuevas normas que permitan el desarrollo de nuevas investigaciones, facilite la colaboración entre desarrolladores independientes y fomente la utilización de software libre principalmente en organizaciones gubernamentales con el fin de optimizar recursos. 

Otro aspecto importante es la centralización y correcta gestión de la información en cuanto a normas y control del mercado de productos tecnológicos en el país, tanto el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Superintendencia de Industria y Comercio deben facilitar el acceso a todo tipo de información que corresponda a cuanto la aplicación de leyes y normas en este sector.